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Descifrando los matices de neutralidad en Latinoamérica y el Caribe en plena Nueva Guerra Fría

Escrito por Miguel Santos García via OneWorld


Es un mal negocio emprender una cruzada de guerra híbrida contra una nación-civilización como Rusia, que es capaz de traer tantos buenos negocios a países latinoamericanos y caribeños, por no mencionar la capacidad de tener acceso a la compra tanto de bienes como de energía y recursos críticos para producción.

Este artículo busca comparar las diferencias entre los acercamientos seguidos por los estados caribeños y latinoamericanos en su neutralidad – o falta de ésta – en cuanto a las sanciones de EEUU y la UE en contra de Rusia en todos los frentes. Alexandr Schetinin,  Director del Dept. de América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia resaltó recientemente la significancia de que ningún país latinoamericano se sume a las acciones económicas unilaterales impuestas por Estados Unidos y sus aliados, al afirmar que “junto a muchos países latinoamericanos encontremos formas y oportunidades para continuar la cooperación y establecer mecanismos para promover los lazos que correspondan a los intereses mutuos”. Schetinin señaló que Rusia ve a América Latina como una zona amigable, pero ¿este sentimiento es recíproco?

Hay complejas razones por las que los países de la región pueden querer abstenerse o incluso votar en contra de Rusia en un organismo internacional como la ONU, y luego no participar en la imposición de sanciones económicas contra el gigante euroasiático. Existe una gran resistencia y cautela en sancionar a Rusia económicamente o financieramente por parte de los estados caribeños y latinoamericanos, incluidos los estados que han sido proxies de EEUU. Así que mientras algunos estados están abiertamente a favor de que Rusia logre realizar sus objetivos expresos en Ucrania, otros países de la región evaden el tema totalmente buscando ignorar la operación especial de Rusia en Ucrania, entretanto unos otros celebran amistad con Ucrania en los medios, siendo vistos como un aliado de Ucrania, pero permanecen neutrales técnicamente al no sancionar a Rusia ni enviar armas ni tropas al conflicto.

Aunque en la mayoría de países latinoamericanos la línea oficial es mostrar algún matiz de neutralidad frente al conflicto en Ucrania, son principalmente los proxies ideológicos de Estados Unidos dentro de cada estado en particular de la región donde mediante ciertos círculos de ONGs, la academia y periodistas se repite incesantemente la línea dura de la OTAN tratando de influir en la opinión pública contra Rusia en sus respectivos estados. Este empuje propagandístico ha sido llevado a cabo por miembros de esta clase de agentes proxy que en muchos casos no tienen ningún poder oficial en el gobierno pero sincronizan sus hazañas con la presión política y propaganda antirrusa proveniente de países de la misma OTAN. 

Se pueden seguir las posiciones de los estados latinoamericanos sobre la operación especial rusa en Ucrania dentro de su propia neutralidad percibida, observando su adhesión a estas conductas categorizadas. Antes que nada es especialmente importante señalar lo inútil o inexacta que es la división izquierda-derecha a la hora de predecir la adhesión o no, a cruzadas antirrusas de la OTAN liderada por EEUU. No es del todo correcto formular que todos los gobiernos de izquierda apoyan abiertamente a Rusia mientras que todos los gobiernos de derecha de la región apoyan a Ucrania liderada por la OTAN. Las posiciones ideológicas de izquierda-derecha sobre lo que cada administración de estos estados piensa de sí misma las cuales son un tanto vagas, esa nomenclatura que utilizan en su funcionamiento, y enfocarse en factores económicos, financieros y las relaciones de poder entre los actores involucrados.

Neutralidades Latinoamericanas

Desde un punto de vista geopolítico, la región latinoamericana, en especial y a menor grado la caribeña, se ha mostrado, una vez más, cautelosa en acatar automáticamente mandatos de EEUU y la UE asumiendo una neutralidad estratégica, que aunque desigual de país a país, sí podría entenderse como una postura común.

Debido a la transición global hacia la multipolaridad los gobiernos latinoamericanos se enfrentan a un cambiante escenario geopolítico y geoeconómico, acelerado con el declive de las relaciones entre Occidente y Rusia. Es notable como la mayoría de estos estados americanos han tratado de evitar tomar partido lo más posible, resistiendo la presión de EEUU y de países europeos. Un creciente número de gobiernos latinoamericanos, independientemente de sus convicciones ideológicas, han construido vínculos con China y con Rusia en vías de fomentar relaciones bilaterales mutuamente enriquecedoras. Esto como medio para aumentar su autonomía y mejorar su poder de negociación con Estados Unidos. Latinoamérica sabe que asumir la soberanía plenamente significa no ser un peón o proxy de un tercer estado a tal nivel que entorpezca una sana competencia fiscal financiera ni los mecanismos estatales para la otorgación de contratos. 

Un elemento clave en la justificación de esta estrategia de neutralidad se debe a sentido común económico, debido al alza en el precio de las materias primas, incluyendo hidrocarburos, y al rebote inflacionario creado por exageradas políticas de flexibilización cuantitativa por los gobiernos de Occidente y desencadenado por la nueva Guerra Fría global por el control y acceso a los recursos energéticos y medulares para producción. Latinoamérica y el Caribe en gran parte, por supuesto quiere proteger sus lazos comerciales con todo cliente, sea de Occidente, China o Rusia, lo que explica que varios gobiernos latinoamericanos hayan obviado las sanciones del Occidente liderado por EEUU contra Rusia. Sanciones que de unirse de facto los metería en el pleito como partícipes de una política de guerra híbrida en todos los niveles. Ahí comienza la bifurcación de conductas de los países latinoamericanos y caribeños, mientras unos optan por ignorar lo más posible, otros esbozan un rechazo total a la guerra y la violencia, con ciertas fluctuaciones en su tono y contenido. 

La principal arma de infoguerra utilizada por los proxies ideológicos dentro de cada estado de la región es ocultar los hechos sobre las repercusiones económicas y financieras de las sanciones de EE.UU. y la UE a Rusia y sobre la colocación de minas navales por parte de Ucrania en sus propios puertos bloqueando el envío de granos, no una acción tomada por la federación rusa. Es principalmente al culpar a Rusia por las acciones tomadas por los EE.UU. y la UE que estos proxies ideológicos tratan de allanar el camino en sus respectivos estados. Algunos comentaristas y periodistas acusan a Latinoamérica de supuestamente no poseer una sola voz al no votar y acatar todos los designios de EEUU y la UE al pie de la letra. Estos periodistas proxy dicen que la región latinoamericana limita su capacidad de influir y tener peso internacional, pero en realidad es todo lo contrario. En estas divergentes neutralidades latinoamericanas (y caribeñas a menor efecto), se pudo ver una chispa del potencial soberano y la sabiduría de la neutralidad. 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó el 25 de febrero una declaración condenando “enérgicamente la invasión ilegal, injustificada y no provocada de Ucrania por parte de la Federación Rusa” y exigía “la retirada inmediata de la presencia militar”. Por su parte, Bolivia, Argentina, Nicaragua y Brasil no apoyaron la declaración de condena de la operación especial rusa en Ucrania que terminó siendo respaldada por 21 países. La declaración fue respaldada por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago y *Venezuela (representada por un delegado del líder opositor Juan Guaidó tras la salida del bloque del gobierno de Nicolás Maduro en 2019). Argentina señaló falta de pertinencia de la OEA para traer al foro temas sobre un conflicto fuera de los límites continentales. Un mes después, el 25 de marzo, la OEA aprobó otra resolución pidiendo el cese “de actos que pueden constituir crímenes de guerra” en Ucrania, 28 de 34 países votaron a favor, ninguno en contra y cuatro se abstuvieron,  Bolivia, El Salvador, Honduras y San Vicente-Granadinas. Nicaragua estuvo ausente porque su embajador Arturo McFields fue destituido.

Las divergentes neutralidades latinoamericanas se desarrollaron en la sesión especial de emergencia de la Asamblea General sobre Ucrania convocada por el Consejo de Seguridad. Ningún país de América Latina votó en contra como tal, sin embargo, sí hubo cuatro abstenciones por parte de Cuba, Nicaragua, El Salvador y Bolivia. Por su parte, Venezuela no participó en la votación, sumaron 14 votos a favor y 4 abstenciones. En la votación del 24 de marzo se repitió el sentido del voto de la sesión anterior. A favor: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Igualmente las cuatro abstenciones fueron de los tres aliados de la Federación Rusa: Bolivia, Cuba, Nicaragua y El Salvador. Aunque la mayoría de los gobiernos latinoamericanos votaron a favor de las resoluciones de la Asamblea General de la ONU que condenaban la operación especial rusa en Ucrania, ningún estado sancionó económicamente a Rusia, con excepción de ciertos estados caribeños que fueron cooptados bajo amenazas económicas. De igual forma tanto México como Brasil importantemente se abstuvieron en otra resolución del mes de abril que terminaría suspendiendo a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 

Los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua apoyan a la Federación rusa en la defensa de su territorio evitando perder su capacidad de segundo ataque mediante una crisis de misiles creada por EEUU. Otros como Brasil, Argentina y Bolivia no buscan sancionar a Rusia, pero tampoco necesariamente se unen a la justificación rusa por su operación especial, por lo que se mantienen al margen mientras el imperio anglosajón y sus estados vasallos presionan a Rusia y a sus aliados. Las condenas más fuertes provinieron de los gobiernos de Chile, Colombia y Uruguay. Guatemala trató de sobresalir en esta pequeña competencia de condenar a Rusia ordenando retirar a su embajador de Moscú.

México mostró su rechazo a la guerra siendo sumamente cauteloso al hablar, buscando neutralidad y apelando al diálogo y a la negociación. El canciller Marcelo Ebrard declaró que “México rechaza el uso de la fuerza, reiteró su llamado a una salida política al conflicto en Ucrania y respalda al secretario general de Naciones Unidas en pro de la paz”. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la guerra y la violencia diciendo: “No estamos a favor de ninguna guerra, México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias”. 

La postura de México respecto a no sancionar a Rusia ha sido clara desde que se hizo pública el 1 de marzo del 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que México no impondrá sanciones económicas a Rusia, tal como lo han acordado otros países. “No podemos caer en un protagonismo que no tiene que ver con la mesura que debe prevalecer en la política exterior”, argumentó. “Queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto”, dijo López Obrador durante su conferencia matutina. Se estima que en México operan cerca de un centenar de empresas rusas entre las que destacan Lukoil, que tiene un contrato de exploración y extracción de crudos con la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), Gazprom, dedicada a la explotación de gas, y la aerolínea Aeroflot. 

Sin embargo, el candidato presidencial brasileño Lula da Silva y Gabriel Boric, entonces presidente electo chileno, se distanciaron de esta postura. Mientras Lula rechazó la operación especial rusa en Ucrania en Twitter expresando que “Nadie puede estar de acuerdo con la guerra, los ataques militares de un país contra otro. La guerra sólo conduce a la destrucción, la desesperación y el hambre”,  Boric de Chile compartió el discurso de Zelensky por Twitter, donde no solo usó la palabra invasión en su mensaje para referirse a la operación especial en Ucrania, sino que acusó a Rusia de ejercer una guerra de agresión contra Ucrania expresando, “desde América del Sur vaya nuestro abrazo y solidaridad al pueblo ucraniano ante la inaceptable guerra de agresión de Putin”. Se trata del segundo mensaje sobre el conflicto en Ucrania, ya que el 24 de febrero señaló, por la misma vía, que “Rusia ha optado por la guerra como medio para resolver conflictos. Desde Chile condenamos la invasión a Ucrania, la violación de su soberanía y el uso ilegitimo de la fuerza. Nuestra solidaridad estará con las víctimas y nuestros humildes esfuerzos con la paz”. 

Recientemente el 1 de julio el presidente chileno Boric tuiteó, “Acabo de conversar con el presidente de Ucrania, a quien le expresé mi solidaridad y nuestra disposición de apoyar las condenas a la invasión en organismos internacionales. Los 18 muertos hoy en Odesa por ataque ruso son inaceptables… puede contar con todo el apoyo de Chile en temas humanitarios… Ucrania tiene un amigo en América del Sur, tanto ahora como cuando termine la guerra. Mucha fuerza y un abrazo”. Poco después, Zelenski le responde que: “La distancia no es un obstáculo para los países amigos. Encantado de establecer contacto con el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric. Agradecido por el apoyo en la ONU, ayuda humanitaria para Ucrania. Discutimos la posibilidad de involucrar a especialistas chilenos en territorios de desminado”. Esta retórica y propaganda es de una marcada diferencia a la de López Obrador de México, o Fernández de Argentina o de Morales de Bolivia o Bukele de El Salvador.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, recientemente dijo, que las sanciones económicas impuestas por Occidente contra Rusia no habían funcionado, añadiendo que su posición hacia Rusia y la guerra “era de equilibrio”. El embajador de Brasil, Otávio Brandelli, manifestó que había que tener en cuenta las preocupaciones rusas, “principalmente en lo que respecta al equilibrio de tropas y armas estratégicas en el contexto europeo”. Los comentarios de Bolsonaro irritaron a Estados Unidos y a países europeos que habían criticado a Brasil por no unirse plenamente a la cruzada anti rusa de la OTAN. Bolsonaro refirió que esa postura le había permitido adquirir fertilizantes, un insumo clave para el vasto sector agrícola de Brasil, de Rusia. En junio, Bolsonaro y Putin, mediante llamada telefónica, discutieron la seguridad alimentaria mundial y confirmaron su intención de fortalecer su asociación estratégica. Para más contexto, leer el artículo de Andrew Korybko titulado “Occidente no quiere que el mundo sepa que Rusia acaba de salvar la cosecha de Brasil este año”.

Por su parte, el presidente Fernández de Argentina hizo un llamamiento templado al “diálogo y respeto a la soberanía, la integridad territorial, la seguridad de los Estados y a los derechos humanos [que] garantizan soluciones justas y duraderas a los conflictos”. Esto al parecer no fue del gusto de los proxies ideológicos dentro del estado argentino, ya que se generaron críticas por ser muy suave contra Rusia, por lo que Fernandez tuvo que ordenar que el Ministerio de Exteriores efectuará un comunicado expresando su “firme rechazo al uso de la fuerza armada” y llamando a Rusia a “cesar las acciones militares en Ucrania”. La vicepresidenta Kirchner siempre ha argumentado neutralidad negándose a condenar a nadie y criticó la “doble moral de las potencias”. 

La operación especial rusa en Ucrania mostró los matices de las diversas neutralidades regionales con los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, tradicionales aliados de Moscú. Estos le expresaron su apoyo continuo, al igual que otros exjefes de estados de importancia como Evo Morales que tuiteó sobre cómo “La OTAN es una seria amenaza a la paz y a la seguridad internacionales, su historial de invasiones y agresiones lo demuestran. Ahora, su pretensión expansionista es una de las grandes responsables de la situación en Ucrania”. El Presidente de Venezuela Nicolas Maduro reiteró su apoyo a Rusia en el conflicto con Ucrania durante una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin en la cual intercambiaron impresiones acerca de la asociación estratégica entre Venezuela y Rusia, y de la situación con Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Plasencia, respaldó la lucha de Rusia contra la beligerancia de la Alianza Atlántica. Cuba criticó a Washington por la “progresiva expansión de la OTAN hacia las fronteras de la Federación Rusa”. 

Los votos de Cuba, Nicaragua y Bolivia fueron una consecuencia lógica de su cercanía y alianza con Rusia, mientras El Salvador responde al creciente distanciamiento con Washington. Bukele ha sostenido una absoluta neutralidad: no ha pronunciado un solo discurso condenando la operación especial militar rusa en Ucrania, ni apoyado a Moscú. Su vicepresidente ha declarado que los “pequeños países” no deberían tomar “partido por uno y otro bloque”. Europa criticó dicha postura de El Salvador desde Europa, el alto representante de la Unión Europa para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, también recrimina a El Salvador por su “silencio” y “falta de condena” ante el conflicto en Ucrania. En general, los regaños nunca se han detenido.

Estados Caribeños

Los estados insulares del Caribe se encontraban entre los 141 países miembros de la ONU que condenaron la operación especial rusa en Ucrania a partir del 24 de febrero. Pero a través del pasado mes de marzo, 7 países del Caribe: Antigua-Barbuda, Dominica, Barbados, San Cristóbal-Nieves, Santa Lucía, Granada y Bahamas acordaron mutuamente sancionar a Rusia.

Para dar algo de contexto al lector, muchas de las naciones caribeñas sancionadoras son miembros de diversas organizaciones y acuerdos supranacionales del Caribe como 1) la Comunidad del Caribe, conocida como CARICOM, 2) la Organización de Estados del Caribe Oriental, y 3) la Asociación de Estados del Caribe. Sería CARICOM cuyos protocolos al traer a votación posibles sanciones en su foro quien puso en marcha este efecto dominó para sancionar en un trozo del Caribe. La agrupación regional caribeña de 13 miembros emitió una declaración solo horas después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciara la operación militar especial en Ucrania, el mismo 24 de febrero, condenando la medida. CARICOM se reunió en Belice el 3 de marzo y nuevamente condenó la operación especial rusa en Ucrania por unanimidad, pero no aprobó ninguna sanción conjunta, dejando esto en manos de miembros individuales. Tras deliberaciones dejó la imposición de sanciones a Rusia en manos de cada uno de los Estados miembros. Esta decisión causó mucha presión para los estados caribeños ya que se produce en medio de una cruzada angloeuropea de sanciones muy serias siniestramente en busca de voluntarios, como la prohibición de vuelos rusos en el espacio aéreo, el cierre del sistema mundial de pagos y la congelación de activos estatales y personales. “Discutimos largamente el tema de Rusia […] La CARICOM consideró que es algo que debemos hacer como países individuales […] Tenemos que decidir qué tipo de sanciones, si las hay, podemos tomar como países y no como CARICOM”, dijo el presidente del bloque regional, John Antonio Briceño, durante una conferencia de prensa ese mismo día.

La operación especial en curso de Rusia en Ucrania sirvió de catalizador a las amenazas estadounidenses y europeas a estos programas en el Caribe.  Ciudadanos rusos ricos y entidades rusas fueron sancionados como parte de las medidas punitivas ejercidas por las naciones occidentales. En una reacción un tanto instintiva, los 5 países que componen el programa CBI en el Caribe impusieron una prohibición a las solicitudes de Rusia y Bielorrusia como respuesta directa a las sanciones. 

Los gobiernos de Dominica y Antigua y Barbuda suspendieron las solicitudes de los nacionales de Rusia y de su aliada Bielorrusia en sus programas CBI. Los países del Caribe que encabezaron estas medidas fueron Dominica en marzo 8 y Antigua-Barbuda en marzo 4. Bajo estos programas de Ciudadanía por Inversión (CBI) que varían de país en país, las personas pueden obtener pasaportes pagando al gobierno al menos o invirtiendo en proyectos de desarrollo inmobiliario administrados por el gobierno dado. En la isla de Dominica, en el Caribe oriental, el coordinador del programa CBI, Emmanuel Nanthan, dijo que el plan se suspende con efecto inmediato “a la luz del conflicto actual en Ucrania”, pero también para preservar “la credibilidad” del programa. Charmaine Donovan, quien dirige el servicio CBI en Antigua y Barbuda, dijo que también se ha suspendido allí para las personas de Rusia y su aliado Bielorrusia.

“Es una cuestión de permanecer consistente con la posición de política exterior de Antigua-Barbuda”, dijo Donovan. Interesantemente, Antigua-Barbuda decidió también incluir a los ucranianos en su lista de nacionales para los que su programa CBI quedaría en suspensión.

Los 5 estados caribeños del programa de Ciudadanía por Inversión han recibido una mayor presión de la UE y de Estados Unidos para que prohíban la entrada de todos los rusos y bielorrusos en sus programas de CBI, además de paralizar transacciones con entidades sancionadas por Occidente desde que comenzó la operación especial rusa en Ucrania a finales de febrero. Antigua-Barbuda optó el 4 de marzo de 2022 por aplicar las sanciones contra ciudadanos rusos y por suspender la tramitación de todas las solicitudes del Programa de Ciudadanía por Inversión (CBI) de ciudadanos de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Antigua y Barbuda es uno de los pocos estados caribeños que ha impuesto algún tipo de sanción a Rusia como estado o a sus ciudadanos. Bielorrusia fue arrastrada a este lío por los estados caribeños que condenaron a ambos países y declararon restricciones contra ellos, poniendo fin temporalmente al Programa de Ciudadanía por Inversión para los nacionales de Rusia y Bielorrusia. El embajador de Antigua-Barbuda en los Estados Unidos, Sir Ronald Sanders, dijo que su isla caribeña está instituyendo medidas para asegurar la aplicación de las sanciones internacionales contra las personas y entidades rusas nombradas. El ministro de Asuntos Exteriores de Antigua-Barbuda, E Paul Chet Greene, ha dado instrucciones para que se respete y siga la lista completa de personas y empresas rusas sancionadas por Estados Unidos.

La reciente atención prestada a Rusia y a sus ciudadanos adinerados ha aumentado el escrutinio de los programas de Ciudadanía por Inversión y ha ampliado los llamamientos para que se reduzcan, efectivamente para manipular al Caribe. La Unión Europea a la vez que pide que los países caribeños prohiban a ciudadanos rusos y bielorrusos en sus programas, convenientemente también chantajea a estos mismos países del mar Caribe, amenazandolos indirectamente al buscar cancelar programas que la UE sabe trae mucho capital al Caribe. Justo cuando se produce todo este revuelo por sancionar a Rusia y mientras los costes de la energía aumentan, los alimentos escasean y son más caros, la UE echa más leña al fuego. Para entonces, el Primer Ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, inmediatamente se comunicó con la Unión Europea, para pedirle que reconsiderara su intención de eliminar los Programas de Ciudadanía por Inversión en el Caribe. 

El 10 de marzo, Granada caribeña suspendió a los solicitantes rusos y bielorrusos de la solicitud del programa de Ciudadanía por Inversión CBI del país, una política que ya se aplicaba extraoficialmente desde abril. Días más tarde Granada y San Cristóbal-Nieves se unieron a la cruzada de la UE promulgando dicha prohibición antirrusa respondiendo así a la llamada de sus antiguos amos coloniales. Naciones caribeñas de Bahamas, Barbados, Granada, San Cristóbal-Nieves, Santa Lucía, San Vicente-Granadinas fueron persuadidas a interrumpir su relación con Rusia a cambio de una recompensa no especificada y posiblemente inexistente por parte de Estados Unidos o la UE. El 13 de marzo, las Bahamas se sumó a la lista de países caribeños que han impuesto sanciones a los recursos financieros de las empresas y oligarcas rusos. Bahamas no tiene un programa de CBI, por lo que acogieron sus propias sanciones contra Rusia esencialmente con tres medidas. En primer lugar, el Fiscal General ha ordenado a los reguladores locales que informen sobre si alguna de las entidades señaladas por EE.UU. tiene negocios locales. La segunda es una directiva de los reguladores financieros locales para que las instituciones adopten las restricciones impuestas por EE.UU., el Reino Unido y la UE. Tercero, las Bahamas suspendió el intercambio automático de información financiera con Rusia sobre sus ciudadanos. Es la primera vez que el país caribeño introduce sanciones en ausencia de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) y sigue a una petición formal de Estados Unidos para que el país tome medidas directas contra la Federación Rusa en Ucrania.

Para el 23 de junio ya muchos de estos países admitían que las sanciones les costaron un alto precio. Una vez más, estos estados parecen creer que sabotear sus propias economías por una guerra híbrida ordenada por EE.UU. contra un tercer país vale más la pena que dedicarse a un negocio bueno y saludable. Estos países parecen que esperan recibir algún tipo de recompensa de Estados Unidos o de la UE por adherirse más o menos a algunas sanciones contra Rusia en su guerra híbrida contra los gigantes euroasiáticos. El embajador Lionel Hurst, Secretario del Gabinete del Primer Ministro de Antigua-Barbuda, fue citado explicando el 23 de junio de 2022 en un titulado ¨Antigua mantendrá las sanciones contra los rusos a pesar del golpe a los ingresos¨ cómo la reducción de los ingresos del CBI significa que el gobierno tiene menos dinero en sus arcas para pagar las prestaciones de la seguridad social y los préstamos del servicio, “Hemos acatado muy fielmente esas sanciones… pero nuestro programa de Ciudadanía por Inversión se ve afectado negativamente por las sanciones, sin embargo, estamos acatando esas sanciones. Y tenemos la intención de garantizar que siempre que haya sanciones contra individuos o cualquier sector de la economía rusa, Antigua y Barbuda las acatará”. Para recalcar la importancia del programa CBI para estas naciones en Dominica el programa CBI allí había generado el equivalente a $440 millones en ingresos, el cual se usó para pagar la deuda, pero también para construir viviendas. 

Cuthbert Didier, Consultor Marítimo regional, dice que entiende por qué algunas naciones de la CARICOM pueden querer adoptar sanciones contra Rusia, pero “El peligro es que, lamentablemente, hagamos que Pedro pague por Pablo, y en un momento en que la industria de megayates del Caribe está en auge… el registro de estos megayates -ya sean rusos o chinos, procedentes de Europa o de la región asiática o de la cuenca del Pacífico- es un gran negocio.” Didier, ex director general durante muchos años del puerto deportivo de Rodney Bay, en Santa Lucía, afirma que la adopción de sanciones contra los megayates podría ahogar el floreciente sector y las economías en dificultades de los pequeños Estados insulares del Caribe. 

Ahora unos cuatro meses después, los estados del Caribe dieron cuenta que las sanciones eran insostenibles a nivel económico con un enfoque tan restrictivo que acaba discriminando injustamente a millones de ciudadanos rusos y bielorrusos por lo que estos estados han relajado un tanto las sanciones. Efectivamente se efectuó un daño autoinfligido a las economías caribeñas por no apreciar (o no alcanzar ejercer) la sabiduría comercial de la neutralidad. La suspensión de las solicitudes de los ciudadanos rusos y bielorrusos provocó una contracción significativa en detrimento de estos países del Caribe tanto en términos económicos directos – debido a los menores ingresos de las propias solicitudes – como en términos de la contribución al desarrollo que los nuevos ciudadanos pueden ofrecer a los países de acogida a través de sus recursos de conocimiento y experiencia. Los ciudadanos rusos, bielorrusos y ucranianos no sancionados son ahora nuevamente bienvenidos a solicitar en Antigua y Barbuda el Programa de Ciudadanía por Inversión. Hasta ahora, Estados Unidos no ha establecido ni ofrecido ningún esfuerzo mayor para atenuar el impacto de las sanciones occidentales contra Rusia en el Sur Global. Lo que demuestra que son ciertas las afirmaciones rusas de que las sanciones son las principales responsables de las dificultades que se avecinan en las economías emergentes.

Todas estas naciones del caribe después de dar cuenta del daño económico autoinfligido a sus economías, intentan desde mediados de junio relajar las sanciones antirusas optando por un enfoque más controlado y prohibir sólo a los individuos y entidades que figuran en la lista de sanciones de Estados Unidos y la UE. Para el 29 de junio de 2022, Karline Purcell, directora general de la CBI de Granada, confirmó que la exclusión general inicial de rusos y bielorrusos se había levantado aproximadamente un mes después y se había sustituido por un enfoque prudente: “Sí, hemos aceptado a los rusos y los hemos sometido a un mayor escrutinio. Lo que es crucial señalar es que sólo aceptamos rusos no sancionados y que cotejamos cada solicitante ruso con las listas de sanciones continuamente actualizadas”.

De igual forma, para el 8 de julio el CBI de Antigua y Barbuda emitió una circular en el mismo sentido para reanudar oficialmente la aceptación de los solicitantes rusos y bielorrusos no sancionados; seguido un día después, el 9 de julio, Granada decidió seguir su ejemplo y también flexibiliza su prohibición al limitarlo a los nombres específicos en la lista del del programa CBI. En el momento de escribir este artículo, más países de los que acabamos de mencionar han optado por relajar la magnitud de las prohibiciones y han decidido prohibir sólo a las personas concretas que figuran en las listas de sanciones y no a todas las nacionalidades de Rusia y Bielorrusia.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, expresó en una llamada a su homólogo paraguayo, Mario Abdo Benítez, su interés en enviar un mensaje a los países del Mercosur durante la Cumbre Presidencial del 21 de julio. Abdo Benítez prometió que consultaría con sus pares del Mercosur la propuesta del gobierno ucraniano, ya que las decisiones se toman por consenso. Esto augura que la presión por parte de EEUU y países de la UE aún está lejos de terminar, y es posible que se convierta en una constante en la transición global hacia la multipolaridad, hasta mucho después que la operación especial rusa en Ucrania complete sus objetivos. Las naciones latinoamericanas y en especial las caribeñas deben darse cuenta de que convertirse en peones de un conflicto internacional que no pueden controlar genera pocos beneficios asegurados y sólo garantiza riesgos masivos. Es un mal negocio emprender una cruzada de guerra híbrida contra una nación-civilización como Rusia, que es capaz de traer tantos buenos negocios a países latinoamericanos y caribeños, por no mencionar la capacidad de tener acceso a la compra tanto de bienes como de energía y recursos críticos para producción.

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