Escrito por Miguel Santos García
El poder legislativo y judicial de Perú no hace sino agudizarse a medida que se complejiza dentro de los cálculos geopolíticos de la Nueva Guerra Fría.
Pedro Castillo Terrones fue presidente del Perú de julio de 2021 a diciembre de 2022, en su último acto presidencial, intentó disolver el congreso peruano y establecer un nuevo gobierno para salir de la intransigencia y parálisis gubernamental en la que se encontraba el país debido al congreso empoderado por EEUU.
Castillo había sobrevivido a tres intentos de destitución por parte del congreso peruano en sólo 18 meses. El congreso había aprobado en sesión extraordinaria una moción de censura contra el entonces Presidente Castillo por incapacidad moral, poco después de que éste anunciara la disolución de la cámara y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas. Como consecuencia, Castillo convocó una asamblea provisional para redactar una nueva Constitución, suspendiendo los constantes ataques del Congreso en forma de fraudulentos juicios políticos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional peruano calificó las acciones de Castillo de intento de golpe de Estado y fue detenido y encarcelado por la policía nacional.
En la estrategia para mantener el control hegemónico sobre lo que Estados Unidos aún considera sus provincias neocoloniales, existe una técnica, una serie de prácticas doctrinarias que hacen viable la guerra jurídica para neutralizar la independencia regional y deslegitimar a los gobiernos que no se alinean con los intereses estadounidenses en la Nueva Guerra Fría. El Congreso peruano detenta el poder político mientras que la oligarquía peruana maneja el poder económico y los medios de comunicación, lo que potencia la guerra jurídica y de información como parte de una Guerra Híbrida integral. Andrew Korybko denominó a esta dinámica regional Operación Cóndor 2.0, en lugar de rígidos golpes militares, el cambio de régimen es promovido por la propia ley, bajo el alegato de que el objetivo es proteger el Estado de Derecho. El poder legislativo y judicial del Perú se agudiza en la medida que se complejiza dentro del cálculo geopolítico de la Nueva Guerra Fría debido a la transición sistémica global hacia la multipolaridad, donde EEUU y sus vasallos se esfuerzan por frenar indefinidamente esta transición global y de ser posible revertirla.
Volviendo a julio de 2021, Castillo se convirtió en presidente de Perú con más del 50% de los votos, y el Jurado Nacional de Elecciones -que supervisa los procesos electorales- declaró ganador a Pedro Castillo, el candidato de Perú Libre, tras un recuento de votos de la segunda vuelta electoral con semanas de impugnaciones y batallas legales. La denuncia original de fraude de Keiko Fujimori sirvió para paralizar los resultados de las elecciones, por lo que Castillo tuvo que esperar más de un mes para jurar su cargo, lo que demuestra que su gobierno está siempre a la defensiva, incluso desde la campaña electoral, y al final no se le permitió gobernar. Del mismo modo, la prensa peruana ha buscado crear divisiones dentro del movimiento PPNPL para debilitarlo y así desmantelarlo y/o cooptarlo más fácilmente.
Fue en los medios de comunicación y en las redes sociales donde K. Fujimori y su partido promovieron la idea del fraude, acusación que fue desmentida por el organismo electoral peruano justo en vísperas de la victoria de Pedro Castillo. Dado que el objetivo es provocar externamente conflictos asimétricos predicados en sabotear intereses geoeconómicos concretos, la info-guerra fue tejida en la Guerra Híbrida contra el gobierno de Castillo desde el inicio por una variedad significativa de medios nacionales, regionales e internacionales que regulan y promueven la matriz ideológica/legal a través del lawfare. Quienes ejecutaron la detención del Presidente Castillo Terrones actuaron en estrecha coordinación con la fiscal de la nación Patricia Vargas, con el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria quienes junto al magistrado capitán César San Martín Castro coordinaron con los líderes del Congreso especialmente con el presidente del Congreso José Zapata.
Este golpe de Estado de Guerra Híbrida ha sido ejecutado desde el mismo poder legislativo y el poder judicial del Perú, los cuales han sido hackeados y cooptados por así decirlo por el gobierno de EEUU y sus múltiples agencias y departamentos que hacen viable tal penetración y neocolonización. Castillo fracasó en reagrupar la fuerza popular sin lograr profundizar e implementar cambios al sistema jurídico-político peruano para romper con el statu quo apoyándose en el incipiente movimiento popular que generó su elección. Con el pretexto de la lucha contra la corrupción y la defensa de la democracia se promueven procesos judiciales viciados que no resisten el más mínimo escrutinio legal. Castillo quiso estabilizar el país dentro de una intensa Guerra Híbrida con guerra de información que aumentó la potencia del lawfare.
Dina Boluarte, como actual presidenta, se enfrenta a varias manifestaciones que exigen su dimisión, que hasta el momento han dejado 60 muertos y miles de heridos. El golpe de Estado contra el gobierno de Pedro Castillo fue ejecutado con un claro apoyo estadounidense del Comando Sur y del propio Departamento de Estado de EEUU. La policía peruana ha utilizado la fuerza bruta, con munición real, para hacer frente a las protestas que exigen el cierre del congreso y la dimisión de Boluarte. La fuerte represión sufrida por el pueblo peruano se explica por la persistencia de las políticas de la Doctrina de Seguridad Nacional que guían a las Fuerzas de Seguridad peruanas. Además de recibir regularmente inteligencia y entrenamiento del Pentágono, oficiales estadounidenses son frecuentemente incorporados al ejército peruano. El vínculo entre los ejércitos de EEUU y Perú es fuerte, lo que indica que continuamente realizan ejercicios y entrenamientos conjuntos, quedando toda la cadena de mando peruana interpenetrada por el Comando Sur de EEUU.
Los años posteriores al gobierno de Alberto Kenia Fujimori Inomoto, quien fuera presidente de Perú entre 1990 y 2000, se han caracterizado por un evidente desequilibrio entre los poderes republicanos del Estado, estando a su vez acoplados a los dispositivos de control estadounidenses. Si Fujimori encarnó el neocolonialismo al concentrar el poder en los apoderados del poder ejecutivo, en esta era post-Fujimori es el congreso el que ahora encarna la tiranía.
Aunque los fujimoristas no son los únicos simpatizantes peruanos de EE UU en el país sudamericano, son sin duda los más poderosos y sirven de nexo entre EE UU y los pequeños apoderados estadounidenses allí. El fujimorismo pasó de ser meros restos de una red dominante sacudida por el encarcelamiento de la principal figura de Alberto Fujimori a principios de 2000 a un movimiento que, junto con su hija Keiko Fujimori, se ha convertido en una fuerza propia, herederos del legado militar-oligarca regional ahora reformulado y actualizado a los tiempos de la guerra jurídica como parte de una Guerra Híbrida integral de EEUU contra la soberanía regional.
La Guerra Híbrida ya había sido declarada contra Castillo mucho antes de que asumiera el cargo e incluso antes de que fuera candidato. En las provincias coloniales de EE.UU. y sus aliados multimillonarios en las Américas, la Guerra Híbrida es la norma. La posición de Castillo dentro del PPNPL nunca fue lo suficientemente sólida como mero candidato acogido por el partido, no contaría con el apoyo incondicional de todos. El PPNPL tuvo que lidiar con que el resto de partidos se unieran en una alianza no oficial dentro del fujimorismo alcanzando más de los 2/3 requeridos para aprobar un proceso de vacancia.
Desde 2011, Perú ha tenido ocho presidentes diferentes, la última de las cuales fue Dina Boluarte, quien asumió la presidencia tras la destitución de Pedro Castillo. Perú ha tenido una cantidad sin precedentes de presidentes en los últimos diez años desde Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), hasta finalmente Manuel Merino (2020) justo antes de Castillo. Sin embargo, el fujimorismo, como destacada red de apoderados de Estados Unidos en ese país, no se limita a habilitar sistemáticamente recursos de vacancia fraudulentos, sino que ha gestado cambios significativos en el panorama judicial, como el cambio a la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano que obliga a que cualquier referéndum sobre reforma constitucional sea convocado por orden del Congreso.
La embajadora de Estados Unidos en Perú desde 2020, Lisa Kenna, es una veterana agente de la CIA y fue de las primeras en reconocer al gobierno interino de Dina Boluarte, actual presidenta de Perú. Se reunió sospechosamente con el ministro de Defensa del país andino justo un día antes del golpe de Estado con encarcelamiento sin juicio del presidente. La incapacidad de Castillo para nombrar un gabinete que comparta su visión de gobierno es muy llamativa, dado que los nombramientos de Miguel Ángel Rodríguez Mackay y César Landa como Ministros de Relaciones Exteriores traen consigo demasiados antecedentes de vínculos con la matriz jurídica conjunta y de Guerra Híbrida entre Estados Unidos y Perú.
El enjambre de apoderados pro-estadounidenses en el Poder Legislativo, el Poder Judicial y todos los medios de comunicación masiva lograron neutralizar el mandato democrático del pueblo peruano. Los ataques sistémicos a través del sistema legal más su control de la percepción a través de la info-guerra restaron cohesión interna en la Cámara Legislativa, fragmentando y aislando al PPNPL. La práctica mecánica del lawfare desde el punto de vista de un legislador agente apoderado se traduce en poner en práctica todas las herramientas del filibusterismo parlamentario para bloquear cualquier avance de Castillo y del PPNPL en su conjunto, forzándolos y enredándolos a lidiar con el lawfare de la legislatura. La fragmentación del panorama político peruano limita su capacidad de acción política, ya que si bien muchos observadores políticos del país pueden identificar amenazas a su Seguridad Democrática, como Estado no cuentan con la voluntad política suficiente para articular las estructuras y el personal necesario para enfrentar estas amenazas de manera coherente.
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