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Piratería por medio de Lawfare busca ‘dividir y reinar’ Sudamérica  

Escrito por Miguel Santos García


El sistema judicial argentino y partes de su prensa nacional se encuentran cooptados por EEUU para adelantar sus objetivos en la Nueva Guerra Fría a través de una intensificación de la Guerra Híbrida con elementos de pitareria y de guerra jurídica o Lawfare. Estas herramientas de control neocolonial son una negación de todo el sistema de derecho internacional cuyo objetivo a largo plazo es neutralizar las fuerzas soberanas dentro de los estados de Latinoamérica y el Caribe.

El artículo se enfoca en las implicaciones jurídicas del secuestro del avión de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur SA) y su tripulación como un claro incremento de la Guerra Híbrida estadounidense contra Venezuela – y contra Argentina – como parte de la Nueva Guerra Fría para resistir la transición global hacia la multipolaridad y la fortificación de la soberanías los países del Sur Global. 

El marco jurídico internacional se está violentando desde el 8 de junio de 2022, día en que ocurren los hechos del secuestro de un avión venezolano en la Argentina por petición de EEUU. Esta aeronave de transporte originalmente pertenecía a Air France, siendo luego vendida a Mahan Air de Irán, y estos por su parte posteriormente la vendieron al gobierno de Venezuela que la despliega a través del proyecto gubernamental, Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur SA). Este avión fue comprado entre el año 2020 y 2021 a la República de Irán por el Gobierno de Venezuela y para febrero de 2022 la aeronave llega a Venezuela comenzando propiamente operaciones de carga tanto para Asia, el Medio Oriente y en la región latinoamericana. Por lo que el avión es venezolano, no es iraní, tiene siglas venezolana y bandera venezolana cuya matrícula es de Venezuela YV-3531.

El avión de transporte de Emtrasur SA viajó a México donde recogió una carga de autopartes como parte de una encomienda que le hace una trasnacional de vehículos. Seguidamente, se traslada a Argentina a entregar dicha la carga, pero luego de finalizar el proceso resulta que en esa parada no se le recarga de combustible a la aeronave venezolana alegando que no puede ser surtido el mismo en virtud de las sanciones de EEUU. La tripulación del avión intentó durante horas que las autoridades del aeropuerto argentino les vendieran combustible, cosa que no consiguió tramitar. Por este motivo deciden arriesgarse y con poco combustible desplazarse hacia Uruguay ya que contaban con toda la permisología necesaria para transar por el combustible necesario. Sin embargo, de camino las autoridades aeronáuticas de Uruguay le revocan los permisos para aterrizar por lo que la aeronave tiene que hacer un regreso de emergencia a Argentina. Las autoridades de aviación de ambas naciones sudamericanas  rompieron con los protocolos de seguridad de aviación en términos de acceso a combustible y permisos de aterrizaje. 

Estados Unidos a través de la Guerra Híbrida busca implementar una estrategia de “divide y vencerás”, por lo que en su ingenio caótico instrumentaliza a naciones del Sur Global vulnerables a ser cooptadas y las maneja contra terceras naciones en vías de crear enemistad y caos en sus relaciones cotidianas. Cada estado se compone de una serie de tensiones internas derivadas de sus propias circunstancias y contextos por tanto EEUU dispone sumisión de países del Sur Global hackeando procesos jurídicos y políticos internos para cooptar control del estado blanco circuito por circuito.

La situación se configura como un entrampamiento, o una especie de emboscada para atrapar al avión venezolano dispuesto a tantas irregularidades impulsadas por el Orden Basado en Reglas desplegado en las guerras jurídicas del imperio norteamericano. A partir de allí empieza un marco que nos demuestra un incumplimiento del Convenio de Chicago en el cual los estados deben favorecer las actuaciones de la aviación civil en términos de seguridad de colaboración. Argentina y Uruguay realizan el papel de corsarios empleando la guerra jurídica e infoguerra de forma antimercantilista contra Venezuela, facilitando un nuevo capítulo de pirateria y sabotaje económico en la Guerra Híbrida de EEUU contra toda la región.

El marco jurídico internacional del derecho aeronáutico civil cataloga estas acciones de piratería y de secuestro como conductas que violan la normativa internacional los tratados internacionales en materia de aeronáutica civil como la mencionada Convención de Chicago. También se viola la Carta de las Naciones Unidas al no respetar la soberanía de los estados entendiendo que esto es una medida coercitiva unilateral que está aplicándose desde EEUU en contubernio en complicidad con Argentina, perjudicando no solamente los derechos soberanos de la aeronáutica civil venezolana – que tenía todos los derechos y todos los permisos para el tránsito aéreo – sino que además perjudica seguridad de la tripulación secuestrada aún puesta en riesgo ante la incertidumbre. Estamos hablando los tripulantes de nacionalidad venezolana y los tripulantes de nacionalidad iraní que estaban en ese momento llevando a cabo una tareas especializadas pero cotidiana y lícita dentro del marco jurídico internacional. 

La denuncia por el estado de Venezuela debe ser apoyada por todos los amantes de la libertad y del comercio libre entre entidades que pactan para realizar un objetivo, transacciones o intercambios de forma soberana como gentes libres del Sur Global. Estos actos de pitareria se viabilizan mediante una dictadura judicial de derecha de facto en Argentina para frenar la transición global hacia la multipolaridad como parte de una Nueva Guerra Fría. Tanto el aparato judicial cooptado mediante Guerra Jurídica, como los elementos de la prensa que sirven como proxies de EEUU en Argentina quieren crear un aura negativo sobre las gestiones comerciales del avión y su tripulación.

En los medios de comunicación argentinos hay una campaña de infoguerra sembrando medias verdades y noticias falsas al hablar de la situación actual donde se hacen alegaciones sin fundamento de supuestas vinculaciones entre la empresa con grupos irregulares como Hezbollah. De una forma siniestra fusiona la Guerra Híbrida que Washington y Tel Aviv emprenden desde hace décadas en contra de la República Islámica de Irán y contra Líbano. En la campaña de infoguerra se repite que el avión no es venezolano sino que se trata de un avión ‘iraní venezolano’ lo que es otra noticia falsa parte de la propaganda buscando confundir sobre los datos del avión y a su vez aumentar la propaganda racista anti iraní dentro de la sociedad argentina, cuya prensa actúa como proxy de EEUU a través de los años propagando noticia falsas xenófobas que igualan el ser irani con ser terrorista. 

Hay varios puntos que analizar en esta violación del Derecho Internacional. En primer lugar, la situación de si la mercancía fue legalmente recibida, también la situación de los 19 tripulantes de ese avión a quienes se les dictó una prohibición de salir del país donde se les quita los pasaportes sin que ellos estén legalmente detenidos. Los tripulantes de la aeronave se encuentran en una situación de limbo sin base jurídica, justamente es así cómo opera la guerra jurídica diseñada para condenar sin un proceso propio. Judicialmente Argentina no tenía ninguna causa, tampoco tenían orden de aprehensión alguna, ni tampoco tenían ninguna orden de investigación, sin embargo, la tripulación está sufriendo como si hubieran sido condenados.

La prensa que sirve de proxy de EEUU en la infoguerra dentro de Argentina juzga con racismo el que 5 miembros de la tripulación de Emtrasur SA sean iraníes. No obstante, independientemente de que haya nacionales de la República Islámica de Irán ellos son tripulación venezolana por estar trabajando contratados en un avión de bandera venezolana y matrícula venezolana. Esta situación de piratería, de secuestro del activo de una empresa, que tiene toda la legalidad para su desempeño internacional y el secuestro de la libertad de la tripulación es un afronte a la soberanía de las naciones del Sur Global.

Este avión realizó una actuación lícita que se destina tanto para hacer actos de comercio como también para trasladar a Venezuela insumos muy necesarios para la salubridad: la importación de la insulina, de las vacunas contra el COVID y de equipo médico especializado. Según las Naciones Unidas no debe de haber ningún tipo de acción que restrinja el acceso a las vacunas del COVID porque la pandemia pasó de ser un problema global a ser un problema de aquellas naciones que no puedan procurarse los insumos específicos para tratar esta enfermedad debido una respuesta torpe y desorganizada de la comunidad internacional.

Hubo una entrega de la soberanía argentina por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien hizo lugar al pedido de los Estados Unidos de incautar el avión venezolano retenido en Argentina desde hace tres meses. Esta entrega de soberanía por una de las ramas del estado Argentino  se da a partir de las resoluciones argentinas sobre el caso de mediados de agosto que ordena el secuestro de la nave pero ni siquiera mantiene para ella el resguardo del bien, ni siquiera es ella sola ese tribunal, es el juez quien quien dice que el bien está secuestrado a favor de un tribunal argentino y de un tribunal estadounidense por lo que la custodia corresponde al FBI que luego allanaría la nave. El aparato jurídico cooptado al tomar esta decisión desplaza el derecho nacional argentino y el Derecho Internacional a favor de un instrumento sublegal estadounidense, como las sanciones para dar un tratamiento a Venezuela en el que no se les reconoce un principio básico a la Carta de Naciones Unidas como la igualdad jurídica a los estados. La substitución del derecho internacional auténtico por la verborrea imperial del Orden Basado en Reglas niega a Venezuela de las libertades de relacionarse con el resto de los miembros de la comunidad internacional y obstaculiza su deber de llevar a cabo acciones de comercio, acciones de intercambio que permitan la entrada de recursos que garantice el acceso a los derechos humanos dentro de Venezuela. 

Emtrasur SA ofrece un servicio que es más costo efectivo que otras empresas similares en la región, aunque es una empresa de reciente data proveen una muy decente capacidad de carga gracias a su aeronave – ahora secuestrada por el FBI – y en mayor parte por los precios del combustible al que tienen acceso en Venezuela. En el mundo del transporte aeronáutico el precio de contratación lo marca el combustible por lo que debido a las circunstancias actuales en Ucrania desde la operación especial rusa allí se han creado una serie de condiciones que han disparado los precios del petróleo y de sus derivados en la región siendo el combustible aeronáutico uno de los más afectados. Por su lado Venezuela cuenta con uno de los precios más bajos del mundo y adicional a eso la Emtrasur SA por ser una gubernamental recibe un descuento de por sí. Entonces, en ese sentido estaban ofreciendo un servicio a unos precios envidiables en la región posibilitando que compitan altamente comercialmente a su vez supliendo a Venezuela de lo que necesite.

Se hace evidente que al negar la soberanía venezolana se está logrando, a su vez, la negación de la misma soberanía argentina, de ahí la eficacia histórica de “divide y vencerás” implícito en la guerra jurídica. Es una doble división, no solo se trata de dividir a las naciones de una región dada entre sí, sino de crear caos interno dentro de cada nación como en particular, dividiendo y desmoronando cada estado en subcomponentes institucionales más manejables. Este fallo de seguridad dentro del aparato de la República Argentina efectivamente se expresa como un fallo de seguridad interestatal al negarle a dos naciones, tanto a Venezuela como comprador y a Irán como vendedor, su capacidad de hacer actos de comercio en base a un tercer estado EEUU en este caso, sea el empoderado mediante sus propio ‘Orden Basado En Reglas’, que determine quiénes pueden o no entrar a las actuaciones normales enunciadas en el derecho internacional. 


Estas graves amenazas al sistema mercantil son causadas por la arbitraria arma del Lawfare desde un ilegítimo Orden Basado en Reglas garantiza la negación del derecho a propiedad de Venezuela así como una negación de la capacidad de Venezuela de adquirir un bien. Esto es fundamental porque las actuaciones de EEUU conjuntamente con Argentina y Uruguay, están tratando a Venezuela, un estado soberano, como si fuese una persona que no tiene ni capacidad legal con su persona para tramitar un acto de compraventa de ciertos bienes, cosa que lo puede realizar cualquier persona sin tener que presentar mucha documentación.

Las acciones conjuntas de EEUU, Argentina y Uruguay han roto los principios que tienen la Carta de Naciones Unidas reconociendo la dignidad a los pueblos y también en consecuencia la dignidad de los habitantes de esos países, como pueblos con individuos capaces de crear conjuntamente las condiciones para mejorar sus sociedades. Venezuela, república soberana que hace sus trámites avalada por las instancias internacionales que certifican la información de sus aeronaves, queda sin la facultad de comprar un avión o de prestar servicios de primera en transporte aéreo de carga por la gracia del Orden Basado en Reglas estadounidense que busca falsear el derecho internacional auténtico. 

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