México prohibirá el glifosato y el maíz transgénico: Decreto presidencial se gesta a pesar de la intensa presión de la industria y las autoridades estadounidenses

Escrito por Timothy A. Wise via GlobalResearch

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sacudió silenciosamente el mundo de la agroindustria con su decreto de fin de año para eliminar el uso del herbicida glifosato y el cultivo de maíz genéticamente modificado. Su administración envió una réplica aún más fuerte dos semanas después, aclarando que el gobierno también eliminaría gradualmente las importaciones de maíz transgénico en tres años y que la prohibición incluiría no sólo el maíz para consumo humano, sino el maíz amarillo destinado principalmente al ganado. En el marco del TLCAN, Estados Unidos ha experimentado un aumento del 400% en las exportaciones de maíz a México, en su gran mayoría maíz amarillo modificado genéticamente.

Las audaces medidas políticas cumplen una promesa de campaña del presidente populista de México, cuyas políticas agrícolas han comenzado a favorecer a los productores mexicanos, en particular a los pequeños agricultores, y a proteger a los consumidores alarmados por el aumento de la obesidad y las enfermedades crónicas asociadas a los alimentos procesados con alto contenido en grasas y azúcares.

Al prohibir el glifosato, el decreto cita el principio de precaución y el creciente cuerpo de investigación científica que muestra los peligros del producto químico, el ingrediente activo del herbicida Roundup de Bayer/Monsanto. El gobierno había detenido las importaciones de glifosato desde finales de 2019, citando la advertencia de la Organización Mundial de la Salud de que el producto químico es un “probable carcinógeno.”

Las prohibiciones sobre el maíz transgénico, que aparecen hacia el final del decreto, tienen implicaciones más profundas. La prohibición inmediata de los permisos para el cultivo de maíz transgénico formaliza las restricciones actuales, ordenadas por los tribunales mexicanos en 2013, cuando una demanda ciudadana impugnó la autorización gubernamental para la siembra experimental de maíz transgénico por parte de Monsanto y otras empresas multinacionales de semillas, alegando la amenaza de contaminación que suponían para el rico acervo de variedades de maíz autóctonas de México. La prohibición de la importación cita las mismas amenazas ambientales, pero va más allá, avanzando en los objetivos del gobierno de López Obrador de promover una mayor autosuficiencia alimentaria en cultivos clave. Como dice el decreto:

“[C]on el objetivo de lograr la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, nuestro país debe orientarse a establecer una producción agrícola sustentable y culturalmente adecuada, mediante el uso de prácticas e insumos agroecológicos seguros para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el medio ambiente, así como congruentes con las tradiciones agrícolas de México.”

Crónica de un decreto anunciado

Estas políticas no deberían sorprender. En su campaña, López Obrador se comprometió a adoptar tales medidas. El apoyo sin precedentes de los votantes rurales fue fundamental para su aplastante victoria electoral de 2018, en la que su nuevo Movimiento de Renovación Nacional (Morena) obtuvo la mayoría en ambas cámaras del Congreso.

Aun así, los funcionarios de la industria y del gobierno de Estados Unidos parecían sorprendidos de que su presión no hubiera logrado impedir que López Obrador actuara. La campaña de presión fue intensa, como explicó Carey Gillam en un artículo publicado en The Guardian el 16 de febrero sobre los esfuerzos de Bayer/Monsanto, el grupo de presión de la industria CropLife y los funcionarios del gobierno estadounidense para impedir la prohibición del glifosato. Según la correspondencia por correo electrónico obtenida por el Centro para la Diversidad Biológica a través de las solicitudes de la Ley de Libertad de Información, los funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental de la Administración Trump, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos estuvieron en contacto con los representantes de Bayer y advirtieron a los funcionarios mexicanos que las restricciones podrían estar en violación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte revisado, ahora renombrado por la Administración Trump como el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA).

De acuerdo con los correos electrónicos, el presidente de CropLife, Chris Novak, envió en marzo pasado una carta a Robert Lighthizer, embajador del USTR, argumentando que las acciones de México serían “incompatibles con las obligaciones de México bajo el USMCA”. En mayo, Lighthizer siguió adelante, escribiendo a Graciela Márquez Colín, ministra de Economía de México, advirtiendo que los asuntos relacionados con los cultivos transgénicos y el glifosato amenazaban con socavar “la fortaleza de nuestra relación bilateral.” En una comunicación anterior se argumentaba que las acciones de México sobre el glifosato, que México había dejado de importar, carecían de “una clara justificación científica”.

Nada más lejos de la realidad, según Víctor Suárez, Subsecretario de Agricultura para la Alimentación y la Competitividad de México. “Hay pruebas científicas rigurosas de la toxicidad de este herbicida”, me dijo, citando las conclusiones de la OMS y una amplia revisión bibliográfica realizada por la comisión de bioseguridad de México, Cibiogem.

Y aunque la mayor parte del maíz importado de Estados Unidos se utiliza para la alimentación animal y no para el consumo humano directo, un estudio realizado por María Elena Álvarez-Buylla, actual directora del CONACYT, el principal organismo científico del gobierno, documentó la presencia de secuencias de maíz transgénico en muchos de los alimentos más comunes de México. Alrededor del 90% de las tortillas y el 82% de otros alimentos comunes a base de maíz contenían maíz transgénico. Según Suárez, México debe ser especialmente cauteloso porque el consumo de maíz está muy extendido, ya que los mexicanos consumen de media una libra de maíz al día, uno de los niveles de consumo más altos del mundo.

Mientras que las restricciones al glifosato se basan en la preocupación por la salud humana y el medio ambiente, la eliminación del maíz transgénico se justifica además por la amenaza de contaminación de las variedades de maíz nativo de México y de la milpa tradicional intercalada. El artículo final del decreto establece que el propósito es contribuir “a la seguridad y soberanía alimentaria” y ofrecer “una medida especial de protección al maíz nativo”.

La prohibición del cultivo de maíz transgénico ha sido una demanda de larga data desde que el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto concedió permiso a Monsanto, DuPont, Syngenta y una serie de otras empresas multinacionales de semillas para iniciar la siembra experimental en el norte de México. Dichos permisos se detuvieron en 2013 por una orden judicial de México basada en una demanda de 53 organizaciones de agricultores, consumidores y ecologistas -la autodenominada Demanda Colectiva-, según la cual el cultivo de maíz transgénico amenazaba con contaminar las variedades autóctonas de maíz por polinización cruzada involuntaria.

“Es difícil imaginar un lugar peor para cultivar maíz transgénico que México”, dijo Adelita San Vicente, la principal portavoz de los demandantes que ahora trabaja en el Ministerio de Medio Ambiente de López Obrador, cuando la entrevisté en 2014 para mi libro Eating Tomorrow (que incluye un capítulo sobre el tema del maíz transgénico). Dicha contaminación estaba bien documentada y los tribunales dictaron la medida cautelar alegando el potencial daño permanente al medio ambiente.

Como escribió el juez Walter Arrellano Hobelsberger en una sentencia de 2014, “el uso y disfrute de la biodiversidad es un derecho de las generaciones presentes y futuras.”

Campaña de autosuficiencia en México

Las organizaciones campesinas y ecologistas de México se apresuraron a elogiar el decreto, aunque muchas advirtieron que es sólo un primer paso y que su aplicación será clave. “Son pasos importantes para avanzar hacia una producción ecológica que preserve la biodiversidad y la agrobiodiversidad forjada por los pequeños agricultores durante milenios”, escribieron Greenpeace México y la coalición “Sin maíz no hay país”.

Malin Jonsson, de Semillas de Vida, una de las demandantes en el caso judicial, me dijo: “Este es un primer paso para eliminar el glifosato, retirar los permisos de cultivo de maíz transgénico y eliminar el consumo de maíz transgénico. Para acabar con el consumo tenemos que dejar de importar maíz transgénico de Estados Unidos, aumentando la producción de maíz en México.”

México importa alrededor del 30% de su maíz cada año, en su gran mayoría de Estados Unidos. Casi todo es maíz amarillo para alimentación animal y usos industriales. El compromiso de López Obrador de reducir y, para 2024, eliminar esas importaciones refleja el plan de su administración de aumentar la producción mexicana como parte de la campaña para incrementar la autosuficiencia en maíz y otros cultivos alimentarios clave: trigo, arroz, frijoles y lácteos. Los agricultores mexicanos se han quejado durante mucho tiempo de que, desde que se promulgó el TLCAN en 1994, el maíz estadounidense ultra barato ha hecho bajar los precios a los agricultores mexicanos. Las restricciones a la importación propuestas ayudarían a las políticas agrícolas de “México primero” de López Obrador, al tiempo que aportarían el necesario desarrollo a las zonas rurales.

¿Bloqueará la Administración Biden la acción?

Las organizaciones industriales de ambos lados de la frontera se han quejado amargamente de las prohibiciones propuestas. “La importación de granos genéticamente modificados de Estados Unidos es esencial para muchos productos de la cadena agroalimentaria”, dijo Laura Tamayo, portavoz del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) de México, quien también es directora corporativa regional de Bayer. Monsanto, la unidad agroquímica de Bayer, fabrica el herbicida Roundup y el maíz transgénico diseñado para ser utilizado con el pesticida.

“Este decreto está completamente alejado de la realidad”, dijo José Cacho, presidente de la cámara de la industria del maíz de México, CANAMI, el grupo de 25 empresas que incluye a los principales molineros de maíz como Gruma, el fabricante de cereales Kellogg y el comerciante de productos básicos Cargill.

Juan Cortina, presidente de CNA, dijo que sus miembros podrían demandar al gobierno por las prohibiciones. “Creo que tendrá que haber desafíos legales presentados por todas las personas que usan glifosato y maíz genéticamente modificado”, dijo a Reuters, y agregó que también espera que los exportadores estadounidenses apelen a las disposiciones del pacto comercial USMCA para que las medidas sean declaradas ilegales.

Fuentes de la industria también advirtieron que México nunca podría satisfacer sus necesidades de maíz sin las exportaciones estadounidenses y que los agricultores estadounidenses se verían perjudicados por la presunta pérdida del mercado de exportación mexicano. Otros se apresuraron a señalar que México no estaba prohibiendo las exportaciones estadounidenses, sino sólo las de maíz transgénico. Los agricultores estadounidenses son perfectamente capaces de producir maíz no transgénico a precios comparables, según fuentes de la industria de las semillas, por lo que la sentencia podría fomentar el desarrollo de un mercado premium en Estados Unidos para el maíz no transgénico, algo que los consumidores estadounidenses llevan años demandando.

Estas presiones pueden suponer una prueba temprana para el Presidente Joe Biden y su candidata a Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, cuya audiencia de confirmación está prevista para el 25 de febrero. Tai ha sido muy valorada por haber contribuido a introducir disposiciones laborales y medioambientales más estrictas en el acuerdo que sustituyó al TLCAN. ¿Respetarán ella y la administración de Biden el derecho soberano de México a promulgar políticas diseñadas para proteger al público mexicano y al medio ambiente, al tiempo que promueven el desarrollo rural mexicano?

Víctor Suárez espera, sin duda, que así sea.

“Nuestro razonamiento se basa en el principio de precaución ante los riesgos ambientales, así como en el derecho del gobierno mexicano a tomar medidas a favor del bien público, en áreas importantes como la salud pública y el medio ambiente”, me dijo.

“Somos una nación soberana con un gobierno democrático -continuó- que llegó al poder con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos, que antepone el cumplimiento de nuestra Constitución y el respeto a los derechos humanos a cualquier interés privado.”


Timothy A. Wise es asesor principal del Institute for Agriculture and Trade Policy y autor de Eating Tomorrow: Agribusiness, Family Farmers, and the Battle for the Future of Food.

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