La Fiscalía General de facto de Bolivia imputó formalmente al derrocado presidente Evo Morales Ayma por los delitos de «terrorismo» y «financiamiento al terrorismo».
La medida se ordena por el “caso audio”, en el que se acusa al mandatario depuesto de haber aupado, presuntamente, “el bloqueo de alimentos y cerco a las ciudades capitales” en el país suramericano, después del golpe de Estado.
La Comisión de Fiscales Anticorrupción del régimen informó en un comunicado de prensa que se emitió la resolución de imputación formal en contra de Morales.
El instrumento de la dictadura asegura que «se evidenció» que, luego de ser obligado a renunciar en el contexto del golpe de Estado, el mandatario coordinó con un dirigente del trópico de Cochabamba, identificado como Faustino Yucra, para bloquear el envío de alimentos a ciudades bolivianas.
Desde finales de noviembre de 2019, las autoridades bolivianas difundieron el audio de una conversación entre Morales y Yucra, en donde el presidente depuesto presuntamente daba indicaciones sobre cómo debían organizar los bloqueos en el país para resistir al Gobierno de la golpista autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez.
La Fiscalía boliviana de facto señaló que, tras la «pericia en audiología» solicitada al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) del Ministerio Público de Colombia, se tuvo como resultado que «las muestras tienen una alta probabilidad de identificación de la voz del señor Evo Morales Ayma».
Con estas pruebas preliminares, la Fiscalía boliviana solicitó la detención preventiva de Morales, quien se encuentra actualmente exiliado en Argentina.
Tras conocer la imputación formal, Morales se pronunció en su cuenta de Twitter para rechazar que se emprenda un proceso judicial por terrorismo “con un audio alterado y sin ser notificado”.
Morales respondió que «de manera ilegal e inconstitucional, la Fiscalía de La Paz pretende imputarme por terrorismo con un audio alterado y sin ser notificado».
El derrocado mandatario agregó que esta operación se trata de «una prueba más de la sistemática persecución política del gobierno de facto» y aventuró que «pronto volverá la democracia y el Estado de Derecho a Bolivia».
Antes de que se conociera esta resolución, el domingo Morales denunció en su cuenta de Twitter el «uso abusivo de la justicia» por parte de la derecha boliviana «con el fin de inhabilitar candidatos y proscribir» a su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS).
En los últimos meses, el candidato presidencial del MAS, Luis Arce, quien es favorito en los sondeos de cara a los comicios del 6 de septiembre, denunció un plan de la dictadura para impedir su participación en las próximas elecciones generales.
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