La Matanza Cotidiana De Los Movimientos Sociales De Colombia

Escrito por James Patrick Jordan via Alianza para la Justicia Global

Los asesinatos de líderes sociales colombianos y de participantes en el proceso de paz se han disparado en el último mes a una tasa de más de una víctima por día. Como para subrayar el punto en sangre, el 21 de enero de 2020, dos personas fueron asesinadas, dos heridas y 70 personas desplazadas en Tarazá, en la región colombiana del Bajo Cauca (Antioquia). El ataque paramilitar ocurrió sólo dos horas después de que el Presidente Iván Duque concluyera una visita, declarando que “el Bajo Cauca está en mi corazón” y prometiendo protección para la zona. El ataque también ocurrió mientras se estaban produciendo protestas contra la violencia política en todo el país como parte del paro nacional de Colombia.

Desde el 22 de diciembre (hasta finales de enero), 35 líderes sociales y activistas comunitarios y dos ex insurgentes han sido asesinados, poniendo en riesgo los Acuerdos de Paz del 2016 y generando un desplazamiento masivo.

Según la organización Indepaz, desde la firma de los Acuerdos de Paz el 24 de noviembre del 2016 hasta el 8 de septiembre de 2019, fueron asesinados 666 defensores de los derechos humanos, así como 151 ex insurgentes y 35 familiares de ex insurgentes, con un total de 852 víctimas. Desde que el presidente Duque asumió el cargo el 7 de agosto del 2018, 268 líderes sociales han sido asesinados, y la impunidad por estos crímenes es casi del 100%. La mayoría de las amenazas, asesinatos y desplazamientos violentos de comunidades se han perpetrado contra comunidades campesinas, indígenas y negras. Entre estas comunidades, los más frecuentemente atacados son los que viven colectivamente o están organizados en grupos de defensa de la comunidad y sindicatos, como la federación de sindicatos agrícolas de Fensuagro.

Colombia tiene la mayor población de desplazados internos del mundo. La violencia y el despojo de tierras siguen un patrón, sin excepción, en las zonas buscadas para el desarrollo extractivo y energético extranjero, las grandes empresas agrícolas y/o el narcotráfico. La administración Duque no ha cumplido los acuerdos de paz para el desarrollo rural, la sustitución de cultivos y los derechos sobre la tierra. La falta de cumplimiento y la negativa a procesar a los responsables de abusos de los derechos humanos ha dado luz verde a los asesinos de los escuadrones de la muerte. La administración del gobierno de los Estados Unidos sólo ha alentado la situación. El presidente Donald Trump se ha interesado activamente en socavar los acuerdos de paz, y el Congreso acaba de votar para elevar la financiación militar y de seguridad para Colombia a su nivel más alto en nueve años.

Antes de la actual oleada de asesinatos, los escuadrones de la muerte de las Águilas Negras enviaron otra de sus amenazas generales el 22 de diciembre de 2019, anunciando que:

“Nosotros, las Águilas Negras venimos a limpiar a estos falsos líderes sociales y sindicalistas, hemos demostrado la capacidad de aniquilación y decimos claramente que estamos ayudando al ESMAD [la policía antidisturbios financiada y creada por los Estados Unidos en Colombia, responsable de múltiples abusos y asesinatos de líderes sociales]… Esto será… un DICIEMBRE NEGRO”.

Los perpetradores de la mayoría de los actos de violencia contra los líderes sociales, las comunidades rurales y los participantes en el proceso de paz son escuadrones de la muerte paramilitares como las Águilas Negras y las Fuerzas Armadas Colombianas, ya sea en operaciones oficiales o mediante la coordinación no oficial con los paramilitares. Los narcotraficantes son otra fuente importante, así como algunos ex guerrilleros que no dejaron las armas. Las víctimas más recientes tienen edades comprendidas entre los 18 y los 71 años e incluyen una pareja casada en su luna de miel, una madre y un hijo, un trabajador cultural con jóvenes negros, un director de deportes de una comunidad rural y un maestro de escuelas indígenas con 20 años de servicio.

A pesar del empeoramiento de la crisis humanitaria, el Congreso de los EEUU acaba de aprobar $448 millones en ayuda principalmente militar y de “seguridad” para Colombia, $30 millones más que la asignación del año pasado, la más alta en nueve años. Además del vergonzoso historial de represión de Colombia, la ONG alemana Transparencia Internacional acaba de nombrar a este país como el gobierno más corrupto del mundo.

Colombia se encuentra en medio de un enorme y pacífico levantamiento contra el gobierno del Presidente Iván Duque. Desde el 21 de noviembre del 2019, se ha producido un paro nacional en todo el país que ha involucrado a millones de partidarios. El martes 21 de enero de 2020, los líderes del paro llamaron a un día para cerrar el negocio como de costumbre y exigir el fin de la violencia política y el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

Las demandas de la huelga son muchas. Además de apoyar el proceso de paz, los huelguistas piden que el gobierno respete y proteja los derechos laborales y humanos, que persiga la inversión pública y el desarrollo en lugar de las medidas de austeridad, y que reconozca los derechos a la tierra de las comunidades rurales, indígenas y afrocolombianas. La respuesta del gobierno de Duque ha sido la represión; la negativa a hacer concesiones al comité de huelga, sin siquiera reconocer las conversaciones como negociaciones; la aprobación de leyes antiobreras que impulsaron la huelga; y el fomento velado y a veces no tan velado de la violencia política mientras no se hace nada para detener la casi total impunidad de los asesinos de la derecha.

Los que vivimos en Estados Unidos y en países de la OTAN oímos muy poco sobre la huelga o la crisis humanitaria de Colombia. Eso se debe a que estas naciones están estrechamente aliadas con el gobierno colombiano. Colombia ha recibido más de $12 billones en fondos principalmente militares, policiales y carcelarios del gobierno de EEUU desde finales del 2000. Es el único socio global de la OTAN en América Latina. Los medios corporativos han mantenido un virtual apagón de cobertura de las huelgas que han barrido a través de América Latina y que son más militantes y continuas en Colombia. No sólo esto, sino que en un evento del 2 de diciembre de 2019 en la Universidad de Louisville en Kentucky, el Secretario de Estado de EEUU Mike Pompeo dijo,

“En la administración Trump seguiremos apoyando a los países que intentan evitar que Cuba y Venezuela secuestren esas protestas y trabajaremos con los (gobiernos) legítimos para evitar que las protestas se conviertan en disturbios y violencia que no reflejen la voluntad democrática del pueblo”.

Pompeo repite la absurda alegación de que los recientes levantamientos populares en Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia han sido orquestados por Cuba y Venezuela. Una delegación laboral de noviembre-diciembre de la Alianza por la Justicia Global y el Trabajo de EEUU contra la Guerra (USLAW) estuvo presente en el comienzo y las dos primeras semanas del paro nacional de Colombia. Vimos cientos de miles de personas participando en actividades de huelga en Bogotá y Cali. La delegación se reunió con los líderes de la huelga en esas ciudades y en las zonas rurales de los departamentos de Cauca y Valle de Cauca.

Cada líder de la huelga con el que nos reunimos era colombiano. No había extranjeros en la sala dirigiendo o dando consejos. Los extranjeros que interfieren en los asuntos de Colombia son los asesores militares de EEUU y la OTAN, la Embajada de EEUU y el personal de la Casa Blanca que conspiran con Duque para romper los acuerdos de paz, y los representantes de las empresas transnacionales que se reúnen con los oligarcas colombianos y ayudan a financiar los escuadrones de la muerte paramilitares. La promesa de Pompeyo de ayudar a los gobiernos latinoamericanos a reprimir las protestas es la única evidencia real hasta el momento de cualquier inserción extranjera en asuntos relacionados con estas movilizaciones.

La huelga en Colombia, como las que se producen en toda América Latina, en Irak, en India, en todo el mundo, no son el resultado de la manipulación extranjera. Son demandas de soberanía nacional y comunitaria. Son gritos contra el Imperio y por la liberación. Muchas de estas huelgas están siendo reprimidas con armas proporcionadas por el gobierno de EEUU y las empresas con sede en EEUU. Los mismos recursos que podríamos usar para reconstruir nuestra propia infraestructura nacional son robados de nuestras arcas para financiar las agresiones contra los movimientos populares en Colombia y en todo el mundo.

Para los que estamos en los EEUU y los países de la OTAN, todo esto plantea una pregunta. ¿De qué lado estamos? Citando erróneamente al famoso poeta, “No preguntes por quién hace huelga el pueblo; hacen huelga por ti”. No sólo tenemos un deber y una obligación de solidaridad con los movimientos populares y el paro nacional en Colombia. Esta en nuestro interés estar con ellos en esta lucha por la verdadera libertad. Las cadenas que estos movimientos están rompiendo incluyen las nuestras.

A continuación figura una lista de las personas que han perdido la vida por la violencia política en Colombia entre el 22 de diciembre de 2019 y el 21 de enero de 2020:

  • 22 de diciembre: Efraín Cabal Rendón, maestro de la reserva indígena de Toez, quemado vivo en la zona de El NIlo, Caloto
  • 22 de diciembre: Jairo Ortiz, de la reserva indígena Nasa en Huila, disparado por dos asaltantes en motocicletas
  • 22 de diciembre: Nilson Caicedo, del Consejo Comunitario de Desarrollo de las Comunidades Negras de la Sierra, en Nariño. Asesinado en el Putumayo.
  • El 23 de diciembre: Lucí Villareal. Líder social y juvenil. Asesinado en Tumaco, Nariño.
  • 23 de diciembre: Mariano Cuero Ruiz, abogado y defensor de los derechos humanos, abatido en Cali, Valle de Cauca.
  • 23 de diciembre: Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, pareja de recién casados y activistas ecológicos de César, sus cuerpos fueron encontrados en Palomino, La Guajira.
  • El 25 de diciembre: Carmen Nene, de la resguarda indígena del municipio de Silva, Cauca. Le cortaron la garganta después de ser torturada.
  • El 25 de diciembre: Desconocido decapitó, en Puerto Claver, Antioquia, en el barrio de El Bagre, su cabeza con un cartel con las iniciales del Bloque Virgilio Peralta Arenas, asociado a los narcotraficantes del Clan del Golfo, que a su vez están asociados a las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
  • El 25 de diciembre: Reinaldo Carillo, líder social del barrio Los Pinos, Pitalito, Huila.
  • 1 de enero: Benjamín Banguera Rosales en Guapi, Cauca, reincorporado, fusilado, primer ex combatiente muerto en 2020.
  • 2 de enero: Carlos Cardona, líder social y trabajador de la salud, asesinado en Ituango, Antioquia.
  • 3 de enero: Cristian Caicedo, 22 años, asesinado en Guapi, Cauca.
  • 7 de enero: Gloria Ocampo, líder social asesinada en La Estrella, pueblo de Puerto Guzmán, Putumayo.
  • 7 de enero: Virginia Silva, 71 años, disparo, Resguarda Indígena De Belalcázar Páez, Cauca.
  • 8 de enero: Carlos Alonso Quintero, asesinado en Puerto Guzmán, Putumayo
  • El 8 de enero: Oscar Quintero, asesinado en Puerto Guzmán, Putumayuo
  • 8 de enero: Emilio Campaña, asesinado en Puerto Guzmán, Putumayo
  • 8 de enero: Mireya Hernández, asesinada en Algeciras, Huila.
  • 8 de enero: Gentil Hernández, asesinado en Puerto Guzmán, Putumayo
  • El 9 de enero: Anuar Rojas Isaramá, líder de la Guardia Indígena en Agua Blanca, municipio de Nuquí, Chocó
  • 10 de enero: Henry Cuello, 48 años, asesinado en Chiriguana, César
  • 10 de enero: Juan Pablo Dicué Guejia, de 18 años, asesinado en el sector La Buitrera, en la carretera que une Caloto con Toribío, en el norte del Cauca.
  • 10 de enero: Amparo Guejia Mestizo, 41 años, asesinada en el sector La Buitrera, en la carretera que une Caloto con Toribío, en el norte de Cacua. Líder de Nietos de Manuel Quintín Lame, CONPI, CENPAZ, Marcha P. Cauca.
  • 10 de enero: César Tulio Sandoval, asesinado en Tibú, Norte de Santander, coordinador local del sindicato de trabajadores agrícolas ASCAMCAT, y miembro del COCCAM y de la Marcha Patriótica.
  • 10 de enero: Nelson Enrique Meneses Qules, 29 años, asesinado en Inzá, Cauca. Miembro de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANZORC y de la Marcha Patriótica.
  • 10 de enero: Sergio Narváez Tapias, ex concejal de Turbo, asesinado en la Nueva Colonia de Turbo, Antioquia.
  • 11 de enero: John Fredy Álvarez, en Algeciras, Huila. Miembro de FENSUAGRO, ANZORC, Marcha Patriótica.
  • 13 de enero: Jorge Luis Betancourt Ortega, Coordinador de Deportes del Consejo de Acción Comunitaria de San Francisco del Rayo, Montelibano, Córdoba.
  • 14 de enero: Jaiber Alexander Quitumbo, asesinado en Toribío, Cauca.
  • 15 de enero: Jimmy Antonio Baquero, decapitado y con la cabeza desplegada como advertencia a la comunidad del pueblo El Toro, en el municipio del Bajo Cauca, Antioquia.
  • 15 de enero: Belisario Villegas, decapitado y con la cabeza exhibida como advertencia a la comunidad del pueblo El Toro, en el municipio del Bajo Cauca, Antioquia.
  • 15 de enero: Federico Peñalosa, asesinado en Novita, Chocó.
  • 16 de enero: Yordan Tovar, líder juvenil de FENSUAGRO, Marcha Patriótica, asesinado en Teteyé, Puerto Asís, Putumayo.
  • 18 de enero: Hover Arias Giraldo, 36, ex combatiente, Dabeiba, Antioquia.
  • 21 de enero: En Tarazá, Antioquia, región del Bajo Cauca, dos personas aún no identificadas asesinadas por los paramilitares, junto con dos heridos, y setenta desplazados en un ataque sólo dos horas después de la visita del Presidente Iván Duque.

(La lista anterior fue recopilada de varias fuentes, especialmente de los informes de Fensuagro, Indepaz, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos y el grupo Paz y Liberación en Whatsapp)

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