Someten Demanda Para Detener Orden Ejecutiva Que Otorga Inmunidad A Servicios Médicos Privados Negando Ayuda A Pacientes Con COVID-19

Juan Dalmau (izq.) y Denis Márquez (der.) sometieron el recurso legal ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan

El senador Juan Dalmau Ramírez y el representante Denis Márquez Lebrón sometieron hoy, sábado, un recurso de interdicto preliminar y permanente ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan contra la gobernadora Wanda Vázquez Garced en busca de que la corte decrete como “inconstitucional” la Orden Ejecutiva 2020-036.

La Orden Ejecutiva, firmada por Vázquez Garce el pasado miércoles, otorgó inmunidad a los hospitales privados, las facilidades médicas y el personal clínico que esté atendiendo pacientes sospechosos de ser positivos a la enfermedad COVID-19 u otras condiciones de salud durante el estado de emergencia por la epidemia en Puerto Rico.

“Lo que se busca es darle impunidad a las aseguradoras y hospitales privados que niegan servicios, que no han admitido pacientes de COVID que llegan hasta sus puertas y que en medio de una pandemia tiran a la calle a cientos de médicos, enfermeras, terapistas y técnicos. Es, de nuevo un toallazo al FRACASO DE LA PRIVATIZACIÓN DE LA SALUD” dijo a su vez María de Lourdes Santiago

La orden otorga inmunidad civil contra reclamaciones por daños y perjuicios por alegada impericia médica o negligencia a toda facilidad médica o profesional de la salud, que forme parte de la primera respuesta a la emergencia ya sea porque han atendido pacientes positivos de COVID-19 o pacientes con otras condiciones. Esto quiere decir que la ciudadanía no puede presentar demandas por daños o muerte a consecuencia de alegados actos u omisiones.

Por entender, entre otras cosas, que la gobernadora Wanda Vázquez Garced, se ha abrogado poderes ilimitados inherentes y autoridades omnímodas que ninguna ley ni Constitución le otorgan en Puerto Rico, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) le ha salido al paso al anunciar que combatirá en los tribunales la orden ejecutiva firmada por ésta el pasado miércoles, otorgando inmunidad a los hospitales privados sobre daños a personas en el contexto de la epidemia en Puerto Rico.

“La Orden Ejecutiva emitida por la Gobernadora no va dirigida a proteger pacientes, va dirigida a quitarle derechos a personas cuyo tratamiento médico sea negligente. Le quita derechos al pueblo. Y lo hace violentando la separación de poderes de la Constitución, ya que está legislando por decreto. La Gobernadora no comprende, como tampoco comprendía Ricky Rosselló, que nuestro sistema de gobierno es de pesos y contrapesos. Legislar y quitar derechos por decretos emitidos desde una torre de marfil en Fortaleza es antidemocrático y dictatorial. Si quieren aprobar ese regalo a las aseguradoras y hospitales privados, que lo lleven a la Legislatura y que, en el pase de lista de la votación, quede claro dónde está parado cada cual”, puntualizó el portavoz senatorial de la colectividad, Juan Dalmau Ramírez. Al tiempo que informó que tan pronto como este fin de semana estarán radicando el escrito al Tribunal.

El también candidato a la gobernación del PIP subrayó que lo que están haciendo con esta acción judicial “es proteger los derechos y reclamos del pueblo, al tiempo que dan a respetar la separación de poderes necesaria para evitar que la autoridad de poder recaiga en el capricho de una sola persona, la Gobernadora.”

Por su parte la vicepresidenta y aspirante al Senado por acumulación del PIP, María de Lourdes Santiago, manifestó que la Orden Ejecutiva no es para proteger a las y los trabajadores de Salud que están en primera línea. “Lo que busca es darle impunidad a las aseguradoras y hospitales privados que niegan servicios, que no han admitido pacientes de COVID que llegan hasta sus puertas, y que en medio de una pandemia tiran a la calle a cientos de médicos enfermeras, terapistas y técnicos. Es, de nuevo, un toallazo al fracaso de la privatización de la salud”, sentenció.

En tanto, el portavoz del PIP en la Cámara de Representantes, Denis Márquez Lebrón, expresó que “con esta Orden se sigue usando el estado de emergencia y el sufrimiento del pueblo para garantizar los privilegios de unos cuantos: las empresas amigas, así se dediquen a construcción, venden suministros médicos, y el que sí se dedica a los servicios médicos no tiene que responder por los daños que cause. Para esa gente, la pandemia es otra piñata.”

“Hay quienes creen que el gobierno es un juego de cartas y confunden la realidad con la fantasía. El arte de gobernar es muy serio y real y debe estar enfocado en defender la vida y derechos de todos, no el lucro de unos pocos poderosos.”, concluyó Juan Dalmau.

El abogado de Dalmau Ramírez y Márquez Lebrón, Adrián González Costa, resaltó en el documento legal que las reclamaciones judiciales por impericia médica están cubiertas bajo leyes existentes, como el Artículo 1802 del Código Civil, y la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado (Ley 104 de 1955), por lo que la Orden Ejecutiva 2020-036 “constituye una enmienda al ordenamiento vigente en Puerto Rico sobre reclamaciones de impericia médica realizada fuera del cause legislativo y, por lo tanto, en exceso de las facultades del Poder Ejecutivo”.

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