Un Paraíso Fiscal Llamado Puerto Rico

Escrito por Abner Dennis via News.littlesis.org

Puerto Rico se ha convertido en un paraíso fiscal. Sin embargo, el paraíso fiscal está en quiebra.

Por un lado, el gobierno central y varias de sus corporaciones públicas están en bancarrota. Desde hace tres años Puerto Rico sufre la imposición de una Junta de Control Fiscal que implanta medidas de austeridad salvajes que empobrecen cada día a la mayoría de la gente. Los recortes masivos en el gasto público tienen como propósito guardar dinero para pagarle a los bonistas, principalmente para que fondos buitre de Wall Street obtengan ganancias millonarias.

Por otro lado, el gobierno otorga exenciones contributivas a grandes corporaciones e inversionistas millonarios que sacan provecho de la situación precaria que vive el país. Tan solo en el 2017 el costo fiscal de todas las exenciones fue estimado en sobre $20 mil millones.

La discusión sobre la magnitud de estas exenciones es poca en el debate público. El país ha permanecido a oscuras por mucho tiempo en cuanto a quiénes son los beneficiarios de estas exenciones. No obstante, el gobierno está dando pasos afirmativos hacia mayor transparencia.

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) publicó el listado de los individuos y de las compañías beneficiarias de varias de las exenciones contributivas que existen actualmente. La lista incluye la ley que autoriza la exención, el beneficiario y la fecha en que el incentivo fue aprobado.

Este artículo menciona algunos de los beneficiarios incluidos en la lista.

Entre las más controversiales de estas leyes están las Leyes 20 y 22. La Ley 20 impone un impuesto a los ingresos de tan solo 4% a compañías que exportan sus mercancías o servicios fuera de Puerto Rico. La Ley 22 libera del pago de impuestos en dividendos y en ganancias capitales a individuos, particularmente inversionistas, que se mudan a Puerto Rico. La lista también incluye una de las leyes de exenciones contributivas más importante, la Ley 73 de 2008, conocida como la Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico.

El listado publicado por el DDEC hace constar que del 2012 al 2019 hubo 1,924 decretos bajo la Ley 20. En el caso de la Ley 22, la misma ha contribuido a generar una especie de gentrificación a mayor escala, en donde millonarios se mudan a Puerto Rico para pagar casi nada de impuestos mientras que miles de familias emigran del país por las pobres condiciones de vida existentes. Según un estudio publicado por el DDEC, del 2012 al 2019 fueron aprobados 2,612 decretos bajo la Ley 22. Mientras tanto, los números del censo muestran que en esos mismos 8 años Puerto Rico perdió alrededor de 440,000 habitantes.

No obstante, el costo fiscal de las exenciones de las Leyes 20 y 22 es ínfima si las comparamos con las que provee la Ley de Incentivos Económicos.

El costo del paraíso fiscal: $20 mil millones

En el 2017, mientras la administración de Ricardo Rosselló cerraba 183 escuelas públicas y, con el auspicio de la Junta de Control Fiscal, aprobaba un recorte de más de $500 millones al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, el gobierno otorgó $20 mil millones en concesiones tributarias.

Este número se desprende de un informe publicado por el Departamento de Hacienda en septiembre 2019, cuando por primera vez divulgó los gastos en que incurre el gobierno al otorgar cada una de las concesiones tributarias (reducciones en los impuestos a pagar) existentes en el país. El “Informe de Gastos Tributarios para el Año Contributivo 2017” desglosa todas las concesiones tributarias (exenciones, créditos, etc.) que otorgó el gobierno en el 2017 y su costo fiscal. En otras palabras, el informe identifica cada concesión tributaria y la cantidad de dinero que Hacienda dejó de ingresar por las mismas.

El costo de todas las concesiones tributarias para el 2017 fue de sobre $20 mil millones. Para tener una idea de la magnitud de esta pérdida, la misma es más del doble del presupuesto operacional asignado al gobierno para el año fiscal 2017-2018. Esto en un país con un gobierno en quiebra y con un 43% de la población viviendo bajo del nivel de pobreza federal.

Se debe mencionar que algunas de estas empresas hacen negocios en Puerto Rico solo porque disfrutan de estas exenciones contributivas. Con la publicación de este informe el debate sobre la efectividad de las exenciones adquiere mayor importancia.

La mayor tajada fue para costear la Ley 73 del 2008, conocida como Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico. Según el informe, la Ley 73 tuvo un costo de sobre $15.6 mil millones, es decir, alrededor del 75% del costo total de todas las concesiones tributarias. El informe también establece que el 98% de los ingresos sujetos a impuestos en virtud de esta ley, así como en virtud de la Ley de Incentivos Fiscales de 1998, proviene de empresas extranjeras.

Es importante resaltar que este informe no incluye información sobre la Ley 154 de 2010 que impone un impuesto especial de 4% a las corporaciones foráneas, principalmente empresas multinacionales que manufacturan en Puerto Rico. Los recaudos de dicho impuesto para el 2019 fueron de $2 mil millones, lo que representó un 18% de todos los recaudos del Departamento de Hacienda. Estas empresas pagan el 4% en Puerto Rico pero lo deducen en su planilla federal como un crédito contributivo. El impuesto se supone que fuera uno temporero, por lo que el Departamento del Tesoro Federal ha estado presionando al gobierno local para conseguir un sustituto y eliminar el crédito.

Las negociaciones entre el gobierno y las compañías multinacionales para evaluar alternativas al impuesto especial de 4% se están llevando a cabo sin mucha información para el público.

Cada centavo que no ingresa al erario a consecuencia de estas exenciones es dinero que no se puede invertir en mejorar las escuelas, los hospitales y las carreteras, o para el pago de pensiones y mejoras salariales al magisterio, entre otros.

El informe del costo de las concesiones tributarias para el 2018 podría publicarse en marzo de este año.

Algunos nombres a la vista

Al momento de publicar este artículo la lista del DDEC contenía diez leyes y sobre 10,800 nombres de individuos y compañías. Del examen que hicimos de la lista resaltamos los siguientes nombres:

Pietrantoni Méndez & Álvarez (PMA): PMA es una de las firmas de abogados más grandes de Puerto Rico y en septiembre 2014 recibieron un decreto por Ley 20. Sobresalen por su práctica corporativa. En su página web resaltan entre sus clientes varias corporaciones multinacionales, al igual que los tres bancos locales, Popular, FirstBank y Oriental Bank. Además, PMA es uno de los bufetes que más se ha beneficiado de la creación de la deuda de Puerto Rico. Documentos de las declaraciones de oferta de las emisiones de bonos del gobierno y de sus corporaciones públicas muestran que, entre 1997 y 2014, PMA participó como asesor legal en al menos 56 emisiones de bonos. En conjunto, estas emisiones sumaron sobre $40 mil millones. De los documentos accesibles al público no es posible saber cuánto obtuvo PMA en ganancias por sus servicios en estas transacciones.

Rushmore Loan Management Services LLC: Rushmore es una firma que invierte en el mercado de bienes raíces, particularmente en la administración de préstamos hipotecarios. La firma anunció el comienzo de sus negocios en Puerto Rico en agosto 2014. Para noviembre 2015 ya Rushmore disfrutaba de los beneficios de la Ley 20.
Mientras tanto, según la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, entre el 2014 y el 2019 Rushmore ejecutó 2,369 hipotecas. Un informe de Hedge Clippers mostró que Rushmore es una subsidiaria de Roosevelt Management Company LLC, que a su vez está afiliada a TPG Capital, uno de los fondos de capital privado más grandes de Estados Unidos. TPG administra un total de $119 mil millones en activos.

Familia Ferré Rangel: La familia Ferré Rangel se destaca por ser una de las familias más ricas de Puerto Rico. Además de que son dueños de múltiples compañías, también pertenecen a varias juntas de directores de organizaciones sin fines de lucro, como el Museo de Arte de Ponce, los Centro Sor Isolina Ferré y el Centro para una Nueva Economía, entre otros. También tienen intereses en el Banco Popular ya que María Luisa Ferré Rangel es directora y accionista de Popular Inc., compañía matriz del banco.

La familia Ferré Rangel tiene al menos tres corporaciones que se benefician de la Ley 20. Ellas son GFR Media LLC, empresa dueña de los periódicos El Nuevo Día y Primera Hora, GFR Services Inc., empresa que, según su estado financiero del 2018, ofrece servicios administrativos a las otras empresas de los Ferré Rangel, y Linkactiv Automotive LLC (ahora Linkactiv North America LLC), empresa administradora de centros de llamadas y de mercadeo.

Microsoft Operations Puerto Rico LLC: Microsoft es una de las compañías más grandes del mundo. El gigante tecnológico se dedica principalmente al desarrollo de programas y sistemas operativos para computadoras, como Windows y Office. Según la revista Forbes, el fundador de Microsoft, Bill Gates, es la segunda persona más rica del mundo, con un valor neto de sobre $100 mil millones. El año pasado, Microsoft alcanzó un valor en el mercado de $1 trillón (un 1 seguido de doce ceros). Sin embargo, una de sus subsidiarias en Puerto Rico, Microsoft Operations Puerto Rico LLC, goza de los beneficios de la Ley 20 desde diciembre 2018 y de la Ley 73 desde mayo 2019.

Microsoft Operations Puerto Rico LLC es clave en la estrategia de Microsoft para pagar menos impuestos a través de los precios de transferencia (“transfer pricing”), que es cuando dos compañías afiliadas hacen transacciones entre sí. De acuerdo a un reportaje de ProPublica, Microsoft ha transferido al menos $39 mil millones en ganancias de los Estados Unidos a Puerto Rico. Para lograr esto Microsoft le vendió los derechos exclusivos de su tecnología para la producción de discos compactos con sus programas para los mercados de América del Norte y del Sur a Microsoft Operations Puerto Rico LLC. Las ganancias entonces se reportan en Puerto Rico, donde pagan casi 0% de tasa de impuesto, en vez de reportarlas en Estados Unidos, donde hubieran pagado 35%

Nicholas Prouty: Prouty, beneficiario de la Ley 22 desde octubre 2013, es un empresario reconocido por ser el dueño de Ciudadela en Santurce. Ciudadela es un proyecto de vivienda para gente adinerada y su construcción fue posible gracias a la expropiación forzosa de la comunidad San Mateo. Prouty no fue parte de ese proceso de expropiación, pues las mismas fueron antes de su compra de Ciudadela en el 2012 a través de Putnam Bridge Funding. Recientemente Ciudadela fue mencionado en el segundo arresto de Julia Keleher, ex-secretaria del Departamento de Educación, por parte del FBI. A Keleher se le acusa de ceder un terreno de una escuela pública a Ciudadela a cambio de beneficios en cuanto a la renta y compra de un apartamento en el proyecto.

Brian Tenenbaum: Tenenbaum es el principal oficial de operaciones de The Morgan Reed Group en Puerto Rico y es beneficiario de la Ley 22 desde diciembre 2014. El nombre de Tenenbaum aparece en un contrato con el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para la compra de lo que fue una escuela pública por parte de la empresa Mr. Blue Ocean LLC. El nombre del administrador y los correos electrónicos que aparecen en el certificado de incorporación de esta compañía la relacionan con The Morgan Reed Group, una firma de bienes raíces con propiedades en varios estados de Estados Unidos y Puerto Rico. Un examen de varios contratos registrados por el DTOP en la Oficina del Contralor muestra que corporaciones relacionadas con The Morgan Reed Group compraron al menos cuatro escuelas públicas en el 2019. Aquí los contratos: Mr Blue Ocean LLC, Shinrai Holdings LLC y esta de Mr Bull LLC.

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